Industria ha decidido convertirse en un superregulador de las telecomunicaciones que asuma prácticamente todos los poderes importantes que hasta ahora estaban en manos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Así, aprovechando la reorganización de los organismos reguladores, Industria despoja a la CMT de competencias como la portabilidad (cambio de compañía conservando el número), la asignación de numeración, el registro de operadores, el servicio universal y la resolución de conflictos.
La CMT no ha tardado en reaccionar. Su consejo ha remitido a Industria un duro informe en el que destaca que, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas,? es el regulador que cuenta en la actualidad con un menor número de competencias, frente a todas aquellas que otorgan las Directivas Europeas a las autoridades nacionales de regulación (ANR) independientes?.
Con esta reforma, contenida en el anteproyecto de Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Gobierno asume las tesis de los grandes operadores del sector, los que disponen de mayores infraestructuras como Telefónica, Vodafone y Ono, que siempre se han quejado del intervencionismo de la CMT en favor de los pequeños operadores, que alquilan esas infraestructuras a precios regulados y necesitan de un regulador fuerte que garantice su subsistencia, según fuentes del sector.
El informe remitido por la CMT al departamento que dirige José Manuel Soria señala que en el resto de Europa todas las competencias que se transfieren al Gobierno se ejercen de manera mayoritaria por los reguladores nacionales independientes. ?El resto de países de Europa, por el contrario, han optado por incrementar de forma progresiva las competencias de las ANR independientes, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. La gran mayoría desarrollan, además de las funciones de regulación de mercados, competencias en espectro y protección de los usuarios (España la única ANR junto con Estonia que no posee esta función), y en algunos casos asumen competencias en seguridad de redes, registro de dominios y otras actividades?, dice la CMT en una nota publicada hoy.
Análisis de mercados
De hecho, con la reforma en la mano, la única gran competencia que conservará la CMT será el análisis de los mercados para vigilar que funcionen correctamente y en competencia. Pero perderá la potestad de resolver conflictos entre compañías, salvo que una de ellas sea considerada operador dominante en un mercado. Es decir, que si, por ejemplo, Jazztel y Orange mantiene una disputa sobre ADSL sería Industria la que dirimiera.
También pierde el poder sobre los mecanismos y plazos de la portabilidad en un país como España en el que cada año más de diez millones de abonados cambian de compañía de móvil o de acceso a Internet, una cifra récord en toda Europa, gracias a la regulación que durante todos estos años ha realizado la CMT.
La CMT critica que el Gobierno utilice en la exposición de motivos del anteproyecto para el establecimiento de esta nueva autoridad sería la ?tendencia a nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha relación, pasando del modelo unisectorial a un modelo de convergencia o multisectorial?, cuando ?no existe en la actualidad ningún ejemplo de regulador sectorial unificado con la autoridad de competencia con potestades en todos los mercados?.
Según la CMT, en Europa existen actualmente dos tipos principales de modelos típicos de regulador de las telecomunicaciones en función de sus competencias: el regulador convergente que reúne en un único organismo todas las competencias de política sectorial de áreas íntimamente relacionadas, como ocurre con las telecomunicaciones (incluido el espectro y los usuarios), el audiovisual y/o el postal; el regulador multisectorial que posee amplias competencias en distintas industrias de red, como energía, transporte ferroviario y telecomunicaciones.
La CMT argumenta que la CNMC no sigue ninguno de los dos modelos, y se alejaría de las competencias en el sector de las telecomunicaciones de un regulador convergente (Reino Unido) y de uno multisectorial (Alemania).
