Doce meses a partir de la aprobación de la ley, que ayer inició su andadura como proposición legislativa en la Asamblea, es el plazo para la «primera adjudicación y puesta en marcha del contrato» para la gestión indirecta de la nueva televisión regional. Entre tanto, se mantendrán las emisiones que fueron retomadas hace menos de tres semanas tras la suspensión del pasado mes de septiembre.
Así consta en el texto de la norma que remodela el ente Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM) y que ayer, durante el debate en la Cámara autonómica, superó los intentos del PSOE e IU de rechazarlas en su integridad.
La norma modifica la que se aprobó en 2004 para crear el modelo televisivo que ha funcionado los últimos seis años y medio. En su disposición transitoria única, establece un «periodo de transición» en el que el ente, que incluirá a Onda Regional con gestión directa como hasta ahora, debe adjudicar y garantizar el inicio de la actividad televisiva, con gestión indirecta.
«No es una privatización»
En defensa de la norma intervino el diputado del Grupo Popular Vicente Balibrea, quien incidió en que «apostar por una gestión indirecta del servicio público no significa que se realice ninguna privatización».
Balibrea indicó, por tanto, que «no deja de ser un servicio público», y que se modifica la ley «para adaptarla a la legislación de ámbito nacional», suprimiendo entre otros «el consejo asesor». De igual forma señaló que «se pretende reforzar el control del servicio público por parte de la Asamblea Regional», y que «el control será así no sólo político, sino social, destacando el pluralismo y potenciando la creación audiovisual de la Región de Murcia».
Desde el PSOE, el parlamentario Francisco Javier Oñate garantizó que esta ley no tendrá el apoyo de su partido «si es para competir en cuotas de audiencia», y menos si al hacerlo se abona a «la manipulación constante de la información».
Por su parte, José Antonio Pujante, de IU, reclamó «una televisión y una radio para todos y no solo para que el que gobierne salga siempre, eso no es responsable». «Debe ser mucho más que eso y constituirse en un verdadero servicio público», concluyó.
