El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, decide suspender la adjudicación a Grupo Secuoya hasta que no se vean los recursos de todas las perdedoras.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente delministerio de Hacienda, ha dictado este martes una resolución en la que suspende el concurso de adjudicación de la televisión autonómica de la Región de Murcia, después de examinar los cuatro recursos interpuestos por las otras tantas compañías ‘perdedoras’.
Hace quince días, la Mesa de Contratación decidió adjudicarle a Grupo Secuoya el contrato, de unos 30 millones de euros por tres años, y el resto de compañías (Canal 8, GTM, Tres60 y Mediapro) recurrieron tanto en Murcia como en Madrid ante las «evidentes irregularidades» en la puntuación y adjudicación.
Mediapro considera que se han producido «evidentes arbitrariedades e irregularidades en la adjudicación de la gestión de la TV Autonómica de Murcia (7RM) por parte de la consejería de Economía».
La oferta presentada por Mediapro era, con diferencia, la más barata de las cinco presentadas, con un ahorro para las arcas de la comunidad de 2,7 millones de euros, un 8,7% por debajo de la media de todas las ofertas. «A pesar de ello, fue valorada en tercer lugar en el apartado de valoraciones objetivas. En el apartado de valoración técnica la mesa de contratación ha rebajado la oferta de Mediapro al cuarto lugar de entre todas las presentadas», asegura el comunicado.
En dicha valoración técnica, el pliego de condiciones del concurso establecía valoraciones sobre la propuesta en programación de entretenimiento, servicios informativos o programas deportivos, «en los que el Mediapro tiene una demostrada experiencia, con programas de éxito en prácticamente todas las cadenas de ámbito estatal y autonómico, así como para cadenas de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Brasil, etc.. De hecho, Mediapro es el único de los ofertantes que viene avalado por la experiencia de haber gestionado la totalidad de los servicios requeridos, con la puesta en marcha y la gestión integral de diversos canales de televisión a nivel nacional en España y en otros países, como en Estados Unidos», según decía el recurso que inicialmente presentó ante la propia consejería de Hacienda.
Según el auto, este Tribunal tiene un plazo de cinco días para resolver si procede o no el mantenimiento de la suspensión. En caso de la mantenga, fuentes consultadas por MurciaEconomía subrayan que esta corte dependiente de Hacienda tarda un plazo de unos dos meses para dictar sus resoluciones.
